TRIBUNALES

El exinterventor de Arrecife admite los hechos de la acusación y dice que “las prisas” hacían que se saltaran los trámites

Carlos Sáenz admite que a veces se trataban de obviar los procedimientos de contratación porque pueden tardar meses o años “y los políticos quieren ver su actuación”

Saúl García 0 COMENTARIOS 25/04/2022 - 16:02

El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, fue el primer acusado en declarar en la cuarta de las piezas del caso Montecarlo en llegar a juicio, cuyas sesiones arrancaron este lunes por la mañana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, desplazada a la capital lanzaroteña.

Como en las anteriores piezas del caso Montecarlo, Carlos Sáenz ha optado por reconocer los hechos de los que se le acusa, la sustracción de más de 800.00 euros de las arcas municipales, pero no se mostró de acuerdo con la pena solicitada por la Fiscalía, que asciende a seis años de cárcel. En la actualidad, Sáenz cumple condena por otras causas.

La declaración del exinterventor de Arrecife, San Bartolomé y La Oliva duró unos 25 minutos y solo contestó a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por Acción Cívica.

Sáenz comenzó explicando el procedimiento de contratación en el Ayuntamiento y dijo que aunque el fraccionamiento de servicios está prohibido, se hacía en algunas ocasiones.

Así, señaló que a veces se trataban de obviar los procedimientos de contratación porque pueden tardar meses o años “y los políticos quieren ver su actuación”. “De ahí nace el deseo de saltarse el procedimiento”, afirmó.

El antiguo responsable de Intervención den el Ayuntamiento capitalino admitió que firmó algunos expedientes sin que estuvieran ajustados al procedimiento porque “venían con prisa” y eran cosas urgentes.

Ante la pregunta de quién tenía esas urgencias, señaló que “normalmente los técnicos por imprevisión y desorganización en el servicio”. “Me comunicaban que se vencía un contrato el día antes de que ocurriera”, aseguró.

Sáenz no mencionó nombres concretos, pero se refirió a algunos de los que estaban en el banquillo y a “muchos otros”. “No recuerdo nunca un curso de perfeccionamiento o cualificación profesional en esa casa y era necesario”, dijo. También señaló que ningún concejal le puso ninguna objeción antes de firmar nada.

Según Sáenz, la propuesta de gasto es una garantía para el proveedor que costó mucho implantar en el Ayuntamiento, añadió que “muchos proveedores trabajaban sin red” y aparecían facturas que no tenían una partida presupuestaria asignada o facturas sin propuesta previa de gasto que incumplían el procedimiento.

Para pagarlas hay dos vías: acudir a los tribunales o acudir a un procedimiento extrajudicial de reconocimiento de crédito. En este último caso, las facturas deben ser aprobadas por el pleno. Este fue el procedimiento que se hizo para una gran cantidad de facturas de la empresa Inelcon, que son el objeto principal de esa pieza.

Esas facturas incumplían los trámites, según Sáenz, que aseguró que el listado de facturas que fue al pleno lo hizo él y que el entonces concejal de Hacienda y después alcalde, José Montelongo, también procesado en esta causa, no intervino. “Ni yo lo hubiera permitido”, añadió.

Sáenz dijo que advirtió a los concejales de que si esas facturas iban al pleno era porque no habían pasado el procedimiento ordinario. También admitió que es posible que se incluyeran algunas facturas en ese listado de una fecha posterior a la que permitía ese procedimiento extraordinario.

Cuestiones previas

En el turno de cuestiones previas al juicio, las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones por indefensión manifiesta, ya que algunos de los acusados fueron llamados a declarar en 2016, cuatro años después de iniciada la instrucción y, sin embargo, 48 horas después se cerró dicha instrucción por parte del Juzgado. Las defensas alegaron que eso les perjudicó para solicitar pruebas o participar en las diligencias de investigación.

Sobre esa cuestión, la fiscal Celia Asensio señaló que son las mismas alegaciones que ya se resolvieron ante el recurso por el pase a procedimiento abreviado y que, en cualquier caso, en el acto de la vista oral se pueden plantear todas las cuestiones pendientes.

La defensa del exalcalde, José Montelongo, planteó que su defendido declarara al final de la vista, después de los testigos, algo poco habitual, pero el tribunal le denegó esa posibilidad.

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